Arrendatarios Comerciales Podrán Terminar Contratos De Manera Unilateral

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Actualmente el ministerio de comercio, en cabeza del señor Ministro José Manuel Restrepo, trabaja en ultimar detalles para que un proyecto de ley en el marco del Estado de Emergencia Económica, ayude de una vez por toda a los arrendatarios de los locales comerciales a poder dar por terminar los contratos de arrendamiento sin verse obligados al pago TOTAL de las cláusulas penales, que hoy exigen principalmente las inmobiliarias.

Recordemos que el pasado 15 de abril de 2020 el gobierno promulgo el decreto 579 de 2020 (asumiendo que expedía un decreto en el mundo de la fantasía) con el cual insto a las partes (arrendatarios y arrendadores) a llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones de arrendamientos y durante la vigencia del decreto (15 de abril de 2020 y el treinta 30 de junio de 2020) en donde en pocas palabras estableció que los arrendatarios deberían pagar el 100% de los cánones (ante falta de acuerdo), y en caso de no poderlo hacer deberá cancelar el 50% de sus intereses corrientes sobre los montos no pagados en tiempo y estableciendo la prohibición del cobro de penalidades o sanción alguna proveniente de la ley o las pactas en los contratos, tales como, reportes en centrales de riesgos, honorarios profesionales, costas judiciales en procesos entre otras, por el no pago de los cánones de arrendamientos.

No obstante y como ha sido nuestra postura, dicho decreto fue iluso, corto y soñador pues al no existir una norma que obligare a los arrendadores a generar descuentos a los inquilinos, llevo a que en muchos de ellos mantuvieran su posición inamovible y con una sola llamada determinaran el “NO de ningún acuerdo”, (se debe resaltar que existieron otros que entendieron que es mejor mantener a toda costa a su inquilino y llegaron acuerdos pues es preferible esto, a un local desocupado, como ahora seguramente va ocurrir). Lo que sumado a la verdadera imposibilidad de muchos comerciantes no haber podido abrir sus comercios hace más de 75 días (y sin tener claro aún cuando lo podrán hacer) junto con el pago de nóminas, el aumento de los servicios públicos (sumémosle otra al problema) y a ante una nueva forma de consumo, dichos arriendos se volvieron insostenibles para la gran mayoría de comerciantes.

El gobierno ya es consciente, de que debe pasar de una postura inocente a una posición real y efectiva que bajo el amparo del estado social de derecho, decrete normas que verdaderamente ayuden a los arrendatarios, que ante la imposibilidad de negociación “directa con su arrendador” faculte a los inquilinos a terminar los contratos de arrendamientos sin el pago significativo de penalidades.

Esta norma aplicaría para aquellos arrendatarios que debido a las medidas de aislamiento, no pudieron abrir sus locales y que ya intentaron de todas las formas llegar a un acuerdo con los arrendadores, el proyecto reza:

“El arrendatario de local comercial que, por los efectos de la emergencia sanitaria, no haya
llegado, en cualquier tiempo, a arreglo directo o conciliación con su arrendador podrá terminar
unilateralmente el contrato de arrendamiento”.

Y agrega que como consecuencia del rompimiento de este vínculo solo tendrá que pagar un mes a título de cláusula penal integral, sin que pueda proceder ninguna otra penalidad, multa o sanción.

“En caso de inexistencia de cláusula penal en el contrato, el arrendatario solo será obligado
al pago del valor correspondiente a un canon de arrendamiento”, añade el proyecto.

Por otra parte el borrador de decreto, también contemplaría:

1. Los arrendatarios que estén en mora de pagar sus cánones de abril, mayo o junio de 2020 deberán pagar los intereses pendientes con una tasa del 50% del interés bancario corriente.

2. El arrendatario que llegue o haya llegado a arreglo directo, verbal o escrito, con su arrendador no podrá terminar unilateralmente el contrato como se prevé en estos casos extraordinarios. (es decir que el decreto protegería a los arrendadores que entendieron que la solución era llegar a acuerdo con los inquilinos).

El proyecto mantiene la postura soñadora del gobierno que antes de recurrir al rompimiento unilateral del contrato “las partes deberán intentar la conciliación extrajudicial en derecho, y procurar llegar a un acuerdo, para lo cual podrán acudir a cualquier centro de conciliación”, pero en caso de “no acuerdo” nace la facultad del arrendatario de proceder con la terminación unilateral.

En caso de dicha circunstancia el arrendatario deberá acudir obligatoriamente a los centros de conciliación donde este “deberán citar a la audiencia dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud, y en cualquier caso no superar los 20 días para la realización de la misma”, agrega.

Estas medidas y en los términos que se encuentra el proyecto de decreto  no aplicaría para los contratos de alquiler de vivienda u otro tipo de inmueble diferente al comercial, por lo cual amanecerá y veremos si realmente este decreto logra sobrepasar los intereses de los gremios de propietarios y se convierta en la solución de miles de arrendatarios ante esta pandemia, el cual de seguro dejara un mensaje a los dueños de locales, que tomaron una posición intransigible en la crisis, que los llevara ahora a tener desocupados sus inmuebles por muchos meses, por no haber
llegado acuerdos en equidad con su inquilino.

Si quieres conocer más te invitamos a ver nuestros videos en nuestro canal de YOTUBE “el derecho al alcance de todos” .

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